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A favor o en contra de las Pensiones Vitalicias

15 de Diciembre de 2016

A favor de la pensión vitalicia

Por Ramón Jiménez Paltré

Introducción

–Veo que está interesado en el puesto.

–Así es.

–Dígame, ¿qué experiencia laboral previa tiene?

–Bueno, fui CEO de diversas empresas, hice un posgrado en Harvard, al volver fui presidente del país…

–¡Contratado!

 

¿Se dan cuenta de lo absurdo que suena?

Cuando acaba su mandato, un expresidente se enfrenta a una situación singular en cuanto a buscar un empleo. El mercado laboral no se comportará con él igual que con cualquier ciudadano. Por un lado, se puede decir que está sobrecapacitado para desempeñar cualquier cargo. Además, el haberse ganado antipatías durante su mandado hará que le sea difícil conseguir un trabajo.

Pero hay otro peligro. El expresidente podría aprovecharse de sus contactos o del poder, que aún conserva, para conseguir cosas que cualquier ciudadano de a pie no podría. Usaría sus influencias a favor de su nuevo lugar de trabajo. Recuérdese que él sabe mejor que nadie sobre los tejes y manejes del Estado.

Un expresidente es algo así como el hijo que hemos tenido la sociedad en pleno. Algunos pueden sentirse contentos con él y otros no estar muy orgullosos. Lo que sí nos compete a los ciudadanos, en mi opinión a todos por igual, es mantenerlo aunque no nos agrade, pues en alguna ocasión lo elegimos (que hagamos malas elecciones es otro asunto). Imagínese que en un futuro aparezca en los diarios que aquel que nos gobernó tiene que vender su casa para subsistir o no tiene qué comer. Una persona que ha representado a un país no puede pasar por esas situaciones. Sería una gran deshonra, sobre todo de cara a cómo lo verían en el extranjero.

Afortunadamente esa manutención no es por mucho tiempo. Recuérdese que por lo general un presidente sale de sus funciones a una edad avanzada. Eso sí, la pensión vitalicia que se le asigne no debe ser la misma cantidad de cuando ejerció. Se debe definir una cantidad que no sea excesiva y le permita vivir de forma digna. En el caso de que el exmandatario haya sido procesado por haber cometido un delito y fuera declarado culpable, entonces sí se le debe cortar su pensión vitalicia de inmediato.

Muchos de los políticos de países del Primer Mundo que han ostentado el cargo de presidente se dedican a dar charlas por el mundo, escribir sus memorias o crear una ONG. Pasa con Clinton, con Aznar, con Tony Blair. Pero aquí en el Perú, ¿cuántos comprarían el libro de Toledo o irían en unos años a una conferencia de Humala? Por eso, el sueldo vitalicio presidencial en nuestro país es necesario.

En contra de la pensión vitalicia

Por Marco Gamarra Galindo

 

Se requiere con urgencia un debate público para impulsar la eliminación de la pensión vitalicia para los expresidentes de la República. En realidad, cabe preguntarse si existen razones que justifiquen este beneficio. Nosotros sostenemos que no, en tanto la pensión vitalicia vulnera el derecho a la igualdad y promueve que el presidente no tenga un desempeño óptimo.

La pensión vitalicia es un beneficio monetario que reciben los expresidentes constitucionales de la República luego de haber ocupado el máximo cargo público de la Nación. Dicho monto equivale al ingreso de un congresista de la República en actividad y es entregado a partir del mes siguiente a la culminación del período presidencial. Además del beneficio económico, la pensión vitalicia otorga acceso a servicios de secretaría, personal de seguridad, de movilidad y refrigerio.

Esta prestación económica persigue una doble finalidad. Por un lado, busca reconocer a quienes han servido como jefes de Estado y, por otro, garantiza su subsistencia digna. Sin duda, se trata de objetivos legítimos. Lo cuestionable es la necesidad de la medida empleada para alcanzarlos: ¿realmente una pensión especial, al que los expresidentes acceden sin cumplir requisitos de tiempo de cotización y de edad comúnmente exigidos, constituye la alternativa más adecuada y la que genera menos consecuencias lesivas?

Existen otras medidas que permitirían cumplir igualmente ambos fines, sin colocar a los expresidentes en una posición privilegiada frente a la generalidad de personas afiliadas al sistema previsional peruano y más aún los millones de peruanos que no reciben pensión alguna. Mientras que los exmandatarios reciben una pensión elevada solo por haber ejercido un cargo de cinco años, los demás ciudadanos están obligados a aportar mensualmente un porcentaje de su sueldo –a lo largo de varias décadas– y a cumplir requisitos de edad (65 años) para obtener una pensión que muchas veces es reducida.

De esta manera, la pensión vitalicia es una vulneración al derecho a la igualdad, en tanto el expresidente, sin razones objetivas, recibe un tratamiento previsional diferenciado, mucho más favorable que el que reciben los afiliados al sistema general de pensiones. Es cierto que el expresidente ha desempeñado un puesto público de máxima relevancia, pero de lo anterior no se desprende que la pensión vitalicia sea la forma idónea de reconocerle los servicios prestados o de garantizarles una vida digna.

Existen, en efecto, medidas alternativas a la pensión especial capaces de alcanzar estos fines. La invitación a exjefes de Estado para que participen en actividades y ceremonias oficiales constituyen maneras de retribuir públicamente las funciones desempeñadas como máxima autoridad pública. Asimismo, a efectos de obtener condiciones de vida digna, los expresidentes pueden acudir, como cualquier ciudadano, al sistema previsional general y recibir una pensión de acuerdo con sus aportes.

Fundamentar el otorgamiento de un beneficio pensionario especial solo por haber ocupado la Presidencia de la República resulta desproporcionado. Sin desconocer la importancia que significa asumir la primera magistratura, no es menos cierto que este cargo público otorga al ciudadano que lo ejerce un notable prestigio y consideración, que lejos de colocarlo en una posición especial de inferioridad en el mercado laboral, le brinda apreciables y notorias facilidades para insertarse en este. Y, en verdad, la vida laboral de un expresidente no termina cuando deja la Casa de Pizarro

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Los expresidentes, como consecuencia de haber tenido la experiencia de dirigir la política de Estado, suelen ser convocados para dictar conferencias, ser catedráticos universitarios, brindar servicios de asesoría, formar parte del directorio de instituciones privadas o no gubernamentales, etc., a cambio de una elevada remuneración.

La exposición pública que trae consigo el cargo de Presidente Constitucional debe motivar a este funcionario a desempeñar una gestión destacada, honesta y responsable, dado que así verá asegurada su inserción posterior en el mercado laboral, una vez cumplido su mandato constitucional, con un ingreso que le propicie una vida digna.

Establecer una pensión vitalicia y automática importa un obstáculo para promover e incentivar una gestión gubernamental correcta: el Presidente podría descuidar el manejo eficiente de la administración del Estado porque sentirá que su horizonte laboral culmina con el ejercicio de este cargo. No querrá esforzarse por realizar una gestión digna en tanto tiene una pensión elevada que le proporcionará, de manera vitalicia y a partir del mes inmediato al término de su mandato, una vida con recursos suficientes.

A estas dos razones para oponerse a la pensión vitalicia, puede añadirse el argumento del manejo racional de los presupuestos públicos; es decir, en destinar los recursos nacionales en aquellos asuntos que sí resulten necesarios. Todo ello nos lleva a sostener que la pensión vitalicia debe ser eliminada.

 

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